CONFEDERACIÓN SINDICAL SOLIDARIDAD OBRERA
En estos momentos el Ministerio de Fomento está rastreando miles de teléfonos móviles de ciudadanos españoles para estudiar sus hábitos de movilidad. Los datos utilizados serán anonimizados, se nos dice desde el Ministerio, para impedir que se pueda identificar y hacer un seguimiento de cada ciudadano en concreto, pero lo cierto es que miles de personas serán monitorizadas por instituciones del Estado sin que hayan otorgado, en momento alguno, un consentimiento expreso para ello. Si los burócratas de Fomento pueden hacer eso, ¿qué podrán llegar a hacer, con dinero y herramientas públicas y fondos reservados, las oscuras tramas de la policía paralela, como la dirigida en su momento por el afamado comisario Villarejo, en las que se juntan agentes de servicios de seguridad pública y privada, personajes turbios de toda ralea e intereses antidemocráticos de las grandes empresas?
El mundo del trabajo no es ajeno a esta deriva autoritaria mediante la que se pretende construir un gran panóptico laboral que permita monitorizar, someter a vigilancia constante y represaliar más fácilmente a los trabajadores que luchan por defender sus derechos o que, simplemente, tratan de vender más cara, en un contexto de salarios precarios y degradación de los servicios públicos, su fuerza de trabajo cotidiana. Videovigilancia, rastreo de las redes sociales personales, geolocalización, control de las comunicaciones digitales, inteligencia artificial opaca en sus criterios aplicada a la selección de personal…Los trabajadores tenemos que ser conscientes de que un nuevo campo de batalla se ha inaugurado entre Capital y Trabajo en las Empresas y en las redes: el control de los datos, de la información, y del mundo digital. Los usos sociales de las nuevas tecnologías, y hasta sus opciones de desarrollo futuro, van a ser un escenario decisivo en la lucha de clases de las próximas décadas.
Cada vez es más común que se rastree en internet a los solicitantes de un puesto de trabajo o que los procesos de selección queden en manos de algoritmos opacos y capaces de mostrar sesgos discriminatorios en sus decisiones. También abundan todo tipo de mecanismos de vigilancia sobre los trabajadores que invaden sus ámbitos de intimidad o que dan pie a comportamientos antisindicales (videovigilancia, grabación de audios, seguimiento de la navegación en internet, geolocalización, etc.). Se están generalizando los despidos y sanciones fundamentados en el rastreo de las redes sociales de los trabajadores (Facebook, whattsapp, twitter, etc), incluso cuando la empresa no está agregada al perfil del empleado, sino que se accede a la información por canales intermedios. Algo que, además, se agrava por el hecho de que, en un contexto de creciente precariedad e inseguridad de poder mantener el puesto de trabajo por la temporalidad y facilidad para el despido, los empresarios están imponiendo a los trabajadores la obligación de agregarles en sus redes sociales, para tener acceso a toda su información personal compartida y a datos como sus ideas políticas, gustos sexuales o pertenencia sindical.
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